En una sesión marcada por la tensión y un resultado estrecho, el Senado de Chile aprobó este miércoles 4 de marzo, por 23 votos a favor y 22 en contra, el proyecto de ley que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad. La iniciativa, aunque se presenta bajo una fachada de «humanización», ha encendido todas las alarmas por el beneficio que otorgaría a condenados por violaciones a los Derechos Humanos y delitos atroces.
El Proyecto: ¿Humanidad o Impunidad?
Impulsado por los senadores de derecha Francisco Chahuán, Luz Ebensperger, Luciano Cruz-Coke, Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel, el proyecto busca que reos de avanzada edad o con enfermedades graves puedan terminar sus condenas fuera de la cárcel.
Si bien el foco mediático ha estado en los internos de Punta Peuco, el alcance técnico de la ley es masivo: se calcula que cerca de 12.000 reos podrían optar a este beneficio. El problema radica en que la redacción actual no excluye delitos de lesa humanidad, homicidios, parricidios ni violaciones, lo que contraviene tratados internacionales suscritos por Chile que prohíben beneficios carcelarios para este tipo de crímenes.
Los rostros de la polémica: ¿Quiénes saldrían?
La lista de potenciales beneficiados incluye nombres que han estremecido la historia criminal del país:
- Miguel Krassnoff: Exagente de la DINA, condenado a más de 600 años por secuestro, tortura y homicidio.
- Julio Pérez Silva: El «Psicópata de Alto Hospicio», condenado por 14 homicidios y violaciones.
- María del Pilar Pérez («La Quintrala»): Condenada a presidio perpetuo por crímenes por encargo.
- Hugo Bustamante: Condenado por el brutal femicidio de Ámbar Cornejo y homicida reincidente.
Dato Clave: Durante el debate, el senador Daniel Núñez (PC) lanzó un dardo directo al senador Javier Macaya, señalando que su voto a favor podría beneficiar directamente a su padre, condenado por abuso sexual infantil.
Choque de posturas: Boric vs. Kast
Mientras en redes sociales crece el llamado para que el actual gobierno vete el proyecto, constitucionalmente esto solo es posible una vez que la ley sea despachada totalmente. Dado los tiempos legislativos, esa firma (o veto) recaerá probablemente en la administración entrante de José Antonio Kast.
Gabriel Boric: «Justicia no es venganza»
El actual Mandatario fue enfático en rechazar la liberación de criminales peligrosos: «Los criminales de lesa humanidad, pero también los pederastas y asesinos, tienen que estar donde tienen que estar. Chile ha avanzado mucho en DD.HH. para retroceder ahora. La justicia no es venganza, la justicia es justicia», señaló, asegurando que estos delincuentes no deben salir libres.
José Antonio Kast: El cumplimiento «humanitario»
Desde el extranjero, donde participa en la cumbre «Shield of The Americas» junto a Donald Trump, el presidente electo defendió la esencia del proyecto: «Esto no es un indulto, es un cumplimiento alternativo de condena. Se pueden realizar modificaciones, pero como dijo el padre Fernando Montes: las condenas se tienen que cumplir respetando la humanidad», afirmó Kast, alineándose con la postura de la derecha tradicional.
El dilema internacional
Si esta ley llega a entrar en vigencia bajo el próximo gobierno, Chile podría enfrentar sanciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que la legislación internacional es estricta: los delitos de lesa humanidad no son sujetos de beneficios que impliquen impunidad encubierta.
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